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La AAPP supervisa ocho proyectos activos. Cinco son alianzas público-privadas. Los otros tres son alianzas de O&M: contratos de servicio que administra la Autoridad.
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Un acuerdo de concesión con Aerostar Airport Holdings LLC que autoriza la operación y mejora del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. El Gobierno de Puerto Rico retiene la plena titularidad de los activos mientras implementa un modelo de participación en ingresos conforme a un acuerdo de concesión estructurado.

Mejorar las condiciones, modernizar la infraestructura de terminales de cruceros y puertos marítimos, y proveer amenidades mejoradas para los cientos de miles de pasajeros de cruceros que visitan Puerto Rico cada año.
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Un acuerdo de concesión entre Autopistas Metropolitanas de Puerto Rico (Metropistas), un consorcio integrado por Goldman Sachs Infrastructure Partners y Abertis Infrastructures, y la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.
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Acelerar las mejoras de capital y fortalecer la certeza presupuestaria y las condiciones fiscales de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) mediante un modelo de entrega de alianza público‑privada.

Proveer capacidad adicional de generación mediante la identificación de un área para la posible instalación de una planta de generación de ciclo combinado, que fortalezca la confiabilidad, la resiliencia y la eficiencia de la flota de generación de Puerto Rico.

Un esfuerzo para mejorar y modernizar de manera significativa los servicios municipales de transporte marítimo en las rutas de Cataño–San Juan y Ceiba–Vieques–Culebra, mientras se promueve la eficiencia operacional y se reduce la dependencia de subsidios gubernamentales para el sistema de transporte marítimo.

Mejorar la resiliencia y la confiabilidad del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica (T&D) mediante la implementación de tecnologías avanzadas, que apoyen la eficiencia operacional y la estabilidad del sistema.

Operación y mantenimiento diario de activos de generación eléctrica heredados, incluyendo arranque, monitoreo y ajustes de carga, seguimiento continuo de parámetros operativos, gestión de alarmas y el cierre ordenado de plantas o unidades
La Autoridad de Alianzas Público‑Privadas de Puerto Rico ha identificado deficiencias de cumplimiento por parte del operador y ha documentado los procedimientos judiciales y los procesos bajo revisión relacionados con la terminación del acuerdo de operación.
Todavía no.El Gobierno de Puerto Rico le solicita a los tribunales que rescindan el contrato de LUMA Energy para operar la red eléctrica, alegando que LUMA no ha cumplido con sus obligaciones. Desde mayo de 2026, los casos se encuentran nuevamente en los tribunales de Puerto Rico.

La Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico (AAPP) inició procedimientos legales y administrativos contra LUMA Energy LLC por presuntos incumplimientos sustanciales del contrato que rige la operación y el mantenimiento del sistema de transmisión y distribución eléctrica. El caso involucra múltiples procesos judiciales, intervenciones regulatorias y acciones dirigidas a salvaguardar el interés público, lo que ha resultado en una evaluación del desempeño contractual de LUMA.
Demandante principal: Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico
Demandado: LUMA Energy LLC
Intervención regulatoria: DACO (Departamento de Asuntos del Consumidor)
Coordinación: Gobierno de Puerto Rico (interinstitucional)
Iniciado: Notificaciones desde el inicio del contrato
Jurisdicción: Tribunales de Puerto Rico
Fase actual: Evaluación de escenarios contractuales
Estado: Procedimientos judiciales y administrativos activos
LUMA Energy asumió la operación del sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica de Puerto Rico bajo un acuerdo de Operación y Mantenimiento (O&M). La Autoridad de Alianzas Público‑Privadas de Puerto Rico (AAPP), que administra las alianzas público‑privadas y vela por el cumplimiento de los acuerdos, ha documentado deficiencias de cumplimiento por parte del operador, lo que ha requerido la adopción de acciones correctivas, incluyendo procedimientos judiciales formales y la evaluación de otras opciones contractuales, que van desde la continuación condicionada hasta la posible terminación del contrato.
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La jueza federal Laura Taylor Swain determinó que las controversias relacionadas con la anulación del contrato deben ser atendidas por los tribunales estatales, ordenando así la devolución de los casos al Tribunal de Primera Instancia al entender que estos se enmarcan dentro de la excepción del poder regulatorio del Gobierno bajo PROMESA.
La JCF afirma que solo el tribunal del Título III tiene jurisdicción exclusiva sobre todas las propiedades de la AEE, incluidos los acuerdos del contrato de OMA T&D.
La jueza Taylor Swain devolvió el caso al tribunal en Puerto Rico por tratarse de asuntos regulatorios.
Solicitud de nulidad del contrato OMA T&D, con la declaración de invalidez de la extensión, alegando que LUMA debe continuar cumpliendo con su obligación de colaborar en el proceso de transición.
Una vez presentada por LUMA la "Notificación de Remoción", el tribunal estatal queda impedido de tomar decisiones.
Caso estatal suspendido para solicitar que la acción legal emprendida por la Autoridad de Alianzas Público-Privadas (P3A) y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE) se transfiera al Tribunal Federal en virtud del Título III.
Impugna directamente la validez contractual; la prórroga proporciona un control indefinido sobre el funcionamiento del sistema eléctrico y priva a la AAPP y a la AEE de la autoridad que les corresponde para tomar decisiones a fin de proteger el interés público.
Refuerza las reclamaciones de los consumidores.
La jueza federal Laura Taylor Swain rechazó la moción de emergencia de LUMA Energy para suspender la demanda presentada en su contra por DACO, dejando la continuación del proceso en manos de la Corte Suprema de Puerto Rico.
Desestimar la demanda presentada por LUMA Energy y denegar la orden judicial preliminar solicitada.
LUMA espera que el litigio ponga fin a los intentos del gobierno de cancelar el contrato de OMA T&D.
Abre un frente legal para la protección del consumidor al solicitar la anulación de una cláusula incluida en el contrato de LUMA Energy en virtud de la sección 4.1 (g).
Activa el proceso formal de notificación de disputas en bajo el Artículo 15 del contrato de operación y mantenimiento (OMA T&D).